• Expertos Juan Hoyos y Guillermo Manrique coinciden en que se deben generar espacios de confluencia para combatir desinformación y prejuicios, siempre respetando la cosmovisión de las comunidades.

   

La clave para iniciar una buena relación entre comunidades y empresa minera es conocer la cosmovisión de cada zona o pueblo donde operan estas empresas para saber, realmente, cuáles son sus necesidades, mencionó el ingeniero Juan Hoyos, durante su exposición en la III Convención Agrominera – AGROMIN 2024.

El experto minero comentó que en el Perú se tienen dos percepciones respecto a esta actividad. Por un lado, está la postura de quienes manifiestan que este rubro genera crecimiento y desarrollo, y del otro, existe un sector de la población que no da crédito de la eficiencia y bondades que ofrece, sobre todo, en las zonas de influencia. Además, es percibida como enemiga de los ecosistemas y del medioambiente y, por consiguiente, de la agricultura.

“Los prejuicios, los temores y, por ende, la desinformación, son factores que solo se revierten con transparencia y demostración sincera entre los tres involucrados en el tema que son el Estado, la empresa y las comunidades”, expresó Hoyos.

“Muchas veces se trata de imponer cierta visión de lo que creemos es lo que necesita determinada zona del país. Sin embargo, la cosmovisión de la sierra, por ejemplo, no es igual a la de la costa. La cultura andina se basa en la solidaridad, todos se ayudan en todo; y si vamos con otro pensamiento, simplemente chocamos, colocando así el punto de inicio de los conflictos sociales que traban proyectos”, dijo.

Explicó que esta desconfianza en la población, alimentada por ciertos personajes de la escena política con discursos e intereses antimineros “han calado en la relación de dos actividades ancestralmente ligadas, como son la agricultura y la minería, que en el pasado han brindado riqueza y bienestar en conjunto”, apuntó, para agregar que la agricultura y la minería han coexistido y trabajado juntas desde épocas preincas, siendo actividades no solo compatibles, sino complementarias.

El experto en ingeniería minera, luego de desarrollar el recorrido histórico relacionado a la identidad nacional en el Perú, mencionó que cerca del 65% de la agricultura nacional depende de los recursos genéticos nativos, como las papas, el maíz, el camote; los granos andinos (quinua, kiwicha, cañigua); los frutales (palta, papaya, tuna, camucamu, chirimoya, capulí, guinda, pepino dulce, etc.); raíces (arracacha, yacón, maca); tubérculos andinos (oca, mashua, olluco); cacao; legumbres (pallar, frijoles), así como otras variedades.

Del mismo modo, indicó que cerca del 95% de la ganadería nacional depende de los recursos forrajeros nativos, como los pastos naturales altoandinos y los pastos naturales y algarrobales de la costa norte. Una parte importante de la ganadería nacional depende de recursos genéticos nativos especialmente de camélidos (alpaca, llama, vicuña) y especies menores como el cuy, pato criollo, entre otros.

A su turno, el sociólogo Guillermo Manrique, quien estuvo a cargo del tema referido a la calidad de vida y sostenibilidad en minería y agricultura, mencionó que el Estado, a través de los gobiernos locales, debe trabajar en el ámbito de la gobernanza para coordinar con las comunidades, a fin de destrabar las ideas distorsionadas y hasta equivocadas respecto a la actividad minera que se desarrolla en varias localidades del país.

En relación a la conducta de las poblaciones respecto a las empresas mineras, precisó que ello se debe a que esta actitud se conjuga con los prejuicios que se han generado, “por lo que debe abordarse este tema para revertir los prejuicios que tiene la población hacia la empresa minera”. Precisó.

“El Estado tiene que desarrollar estrategias, programas mancomunados y consensuados para romper los paradigmas; deben sentarse y dialogar sin prejuicios. Los problemas sociales deben abordarse socialmente y los temas legales, legalmente” enfatizó, al tiempo de agregar que “la lógica de los comuneros es distinta de la de los inversionistas, porque el inversionista quiere recuperar su dinero y los comuneros quieren calidad de vida”.

En ese sentido, hizo un llamado a las empresas mineras y al Estado a desarrollar, junto a las comunidades, lo que denominó un “Plan de legitimidad” que consiste en generar confianza en la población, “porque a través del diálogo entre el Estado, la empresa minera y la comunidad, se crea legitimidad que se traduce en desarrollo y beneficios para todos”, finalizó.

Lima, 25 de abril del 2024.